¿Es la innovación jurídica la clave para movilizar la inversión en agua?

La infraestructura hidráulica está entrando en una nueva fase de desarrollo, caracterizada por una complejidad cada vez mayor en lo que respecta a la financiación, la gestión y la sostenibilidad de los proyectos a lo largo del tiempo. A medida que se intensifica la incertidumbre climática y los sistemas de agua se interconectan más con la energía, las finanzas y las tecnologías digitales, los marcos jurídicos que los respaldan evolucionan rápidamente.

En el centro de este cambio se encuentra un reconocimiento creciente de que los contratos en sí mismos desempeñan un papel definitorio a la hora de configurar los resultados. Determinan cómo se asigna el riesgo, cómo se crea valor y cómo se mantiene la responsabilidad en proyectos a largo plazo con varias partes interesadas. Para las empresas globales de la industria del agua que operan en diversos entornos normativos y económicos, la arquitectura jurídica se está convirtiendo en un elemento central para ofrecer una infraestructura resiliente, sostenible y favorable a las inversiones.

ALMAR Water Solutions, parte de Jameel Environmental Services, se encuentra en la primera línea de este entorno en evolución. ALMAR se instauró en 2016 con la misión de mejorar la seguridad hídrica en todo el mundo, especialmente para las comunidades mundiales más vulnerables. Una década después gestiona una cartera creciente de programas de desalinización, tratamiento de aguas residuales, reutilización y reciclaje. Con proyectos en Europa, Oriente Medio, América Latina, África y Asia-Pacífico, ALMAR diseña, estructura la financiación y opera sistemas en todo el ciclo del agua, desde la desalinización y la purificación hasta el tratamiento de aguas residuales, la reutilización, las redes de distribución y el funcionamiento y el mantenimiento a largo plazo.

Hablamos con Carlos Cosín, director ejecutivo de ALMAR Water Solutions, sobre cómo la innovación jurídica está remodelando el sector del agua y por qué el futuro del agua dependerá tanto de la artesanía jurídica como de la experiencia técnica.

P. ¿Por qué la innovación jurídica es tan fundamental para el futuro de la infraestructura hidráulica?

La siguiente ola de infraestructura hidráulica del mundo no la construirán solo ingenieros. La construirán abogados, a través de contratos que determinen cómo fluyen el riesgo, el valor y la responsabilidad. Detrás de cada planta de desalinización, red de reutilización de aguas residuales o asociación a nivel de cuenca se encuentra una red de acuerdos que son el sistema operativo de la cooperación entre autoridades públicas, financieros y operadores privados.

Para aquellos de nosotros que lideramos empresas de agua internacionales, la artesanía jurídica se ha vuelto tan esencial como la excelencia técnica. La complejidad de este sistema operativo está aumentado más rápido que nuestra capacidad colectiva para gestionarlo, por lo que el diseño jurídico es fundamental para el desempeño de la infraestructura a lo largo del tiempo.

Cada vez más, estos contratos desempeñan un papel fundamental a la hora de adaptarse a las necesidades a largo plazo de los clientes que buscan seguridad hídrica con proveedores capaces de garantizar el suministro en varias décadas. Cuando un cliente comienza a confiar en un socio especializado para asegurar los recursos hídricos durante 20 o 25 años, la naturaleza de la relación cambia. Los contratos se convierten en la base de una asociación a largo plazo, que respalda la continuidad, la fiabilidad y la responsabilidad compartida.

P. ¿Qué está impulsando la creciente complejidad de los proyectos hidrológicos modernos?

El proyecto hidrológico moderno se encuentra en la intersección de varios ámbitos: infraestructura, medio ambiente, finanzas y tecnología digital, donde cada uno aporta una capa de sofisticación contractual. Una sola planta de reutilización de aguas residuales, por ejemplo, puede combinar contratos de diseño, construcción y explotación, acuerdos de compromiso de compra a largo plazo, garantías multilaterales, métricas basadas en el rendimiento vinculadas a la calidad del agua y al uso de energía, y cláusulas de datos digitales que abarcan la supervisión en tiempo real y la optimización impulsada por IA.

El ecosistema jurídico necesario para adaptar estas piezas móviles se asemeja a una constelación en lugar de a una cadena lineal. Sin embargo, muchas jurisdicciones todavía dependen de plantillas diseñadas para infraestructuras convencionales. Este desajuste crea tanto un desafío como un mercado: la necesidad de traducir los flujos físicos de agua en arquitecturas contractuales que puedan sobrevivir a décadas de cambios tecnológicos y normativos.

P. ¿Cómo influye la “geografía del riesgo” en la inversión en agua y el diseño del proyecto?

El agua es local; las finanzas son globales. Esa disonancia es la primera fuente de tensión entre los operadores y los abogados. Para una empresa internacional de la industria del agua, un único proyecto puede implicar entre 15 y 20 ámbitos de riesgo diferentes, desde la variabilidad hidrológica y el cambio normativo hasta el riesgo cambiario, los ajustes de tarifas y las condiciones de licencia social. Estos no son abstractos; determinan si una concesión a largo plazo produce una rentabilidad estable o se desploma bajo la presión política.

La práctica jurídica en dichos mercados debe adaptarse tanto a la imprevisibilidad local como a la exigibilidad internacional. El modelo tradicional de transferir el riesgo a lo largo de la cadena contractual ya no funciona, especialmente cuando los activos operan en comunidades y los riesgos son visibles, políticos y esenciales. El exceso de transferencia de riesgo socava la sostenibilidad.

Lo que necesitamos cada vez más son marcos de riesgo compartido: contratos adaptables que adapten los incentivos entre actores públicos y privados, respaldados por mecanismos de ajuste transparentes para sequías, crisis energéticas o reformas normativas. Esto requiere lo que me gusta llamar “ingeniería de confianza”, así como una redacción jurídica creativa, con mecanismos de divulgación, mediación y revisión del rendimiento conjunto integrados en el marco jurídico, lo que mantiene una colaboración viable a lo largo del tiempo.

P. ¿Por qué es importante que los contratos de agua evolucionen con el tiempo en lugar de permanecer fijos como los contratos estándar?

En el agua, el tiempo es un riesgo. La infraestructura diseñada para 30 años debe operar en un contexto normativo y climático que cambiará varias veces antes de que el activo madure. Los abogados que trabajan con empresas de agua a menudo vuelven para renegociar contratos, ya que el contexto para el que se crearon originalmente ha cambiado. Factores como la volatilidad climática, los nuevos estándares medioambientales o incluso los saltos tecnológicos (como la desalinización energéticamente neutra o los gemelos digitales en tiempo real) alteran la economía del acuerdo original.

Los instrumentos jurídicos estáticos no pueden adaptarse a ecosistemas dinámicos. La verdadera frontera son los contratos que evolucionan, incorporando derechos de intervención, franjas de rendimiento y cláusulas de revisión periódica activadas por métricas objetivas en lugar de por negociación política. Esto significa romper con los precedentes: pasar de la idea de un contrato como equilibrio fijo a uno como proceso de gobernanza. El sector del agua puede ser un terreno de prueba para esa evolución.

P. ¿Por qué tantos proyectos hidrológicos se consideran “inviables” y cómo se puede abordar esto?

Todos los directivos del sector del agua se enfrentan a la misma paradoja: los proyectos que más necesitan inversión suelen ser los más difíciles de financiar. Están fragmentados, son locales y con frecuencia se perciben como no viables.

La innovación jurídica puede salvar esa brecha. La estructuración de instrumentos de financiación combinada, acuerdos de depósito en garantía y contratos basados en resultados requiere un nivel de precisión que solo los equipos jurídicos multidisciplinares pueden proporcionar. Sin embargo, el mercado de estos servicios sigue siendo reducido.

Una de las tensiones principales reside entre la estandarización y la personalización. Los prestamistas requieren condiciones predecibles, mientras que las autoridades locales exigen salvaguardas específicas del contexto. Demasiada estandarización socava la legitimidad; demasiada personalización reduce la capacidad de financiación. La solución reside en el diseño modular: plantillas jurídicas con parámetros ajustables, preaprobadas por los financiadores, pero abiertas a la adaptación local. Algunos bancos de desarrollo ya están trabajando en dichos marcos.

Para que esto aumente, los bufetes de abogados deben participar antes, durante la estructuración del acuerdo, en lugar de limitarse a la ejecución. Para nuestro sector, la participación jurídica temprana ya no es un coste, es una forma de seguro contra el riesgo. En última instancia, la capacidad de financiación se refuerza cuando los contratos reflejan la dependencia operativa a largo plazo de un suministro de agua seguro.

P. ¿Cómo está evolucionando la definición de “rendimiento” en los proyectos hidrológicos?

Antes, el rendimiento significaba metros cúbicos suministrados o niveles de tratamiento alcanzados. Hoy en día, también incluye emisiones de carbono, consumo energético, métricas de economía circular e inclusión social. Integrar estos resultados multidimensionales en un contrato es tanto una ciencia como un arte. Para los abogados, el desafío es traducir la sostenibilidad a un lenguaje vinculante. Para las empresas, consiste en comprometerse con resultados medibles sin paralizar la innovación.

A medida que estas relaciones evolucionan, también lo hacen los indicadores clave de rendimiento que las sustentan. El valor del agua, medido en términos de fiabilidad, resiliencia y continuidad del suministro, se convierte en un importante punto de referencia en la toma de decisiones. Este cambio eleva el nivel de diálogo entre clientes y proveedores, posicionando el agua como un activo estratégico dentro de las operaciones.

Estamos aprendiendo que los indicadores clave de rendimiento excesivamente rígidos pueden ser contraproducentes. Lo que funciona mejor son las franjas de rendimiento escalonadas: mínimos claros, objetivos ambiciosos e incentivos por superar los objetivos. En este contexto, los contratos deben respaldar acuerdos de asociación equilibrados y a largo plazo, garantizando que ambas partes permanezcan en consonancia a medida que las condiciones evolucionan con el tiempo.

P. ¿Qué papel desempeñan ahora los datos y la digitalización en la gobernanza del agua?

A medida que los sistemas de agua se digitalizan, el terreno contractual se amplía a la propiedad de los datos, la privacidad, la ciberseguridad y la gobernanza de la IA. Para las empresas de agua, los datos son tanto un activo como un pasivo. La cuestión central ha pasado de ser quién construye la infraestructura a quién controla la información que esta genera.

Necesitamos experiencia jurídica que pueda definir cómo se asignan los datos entre los operadores, las autoridades públicas y los consumidores; cómo se auditan los algoritmos predictivos para detectar sesgos y evaluar su precisión; y cómo se comparten las obligaciones de ciberseguridad entre los contratistas.

Las cláusulas de datos son ahora tan fundamentales como las cláusulas tarifarias. Determinan la transparencia, la resiliencia e incluso la ética del proyecto. En este sentido, los abogados se están convirtiendo en custodios de la integridad digital en el sector del agua.

P. ¿Por qué la prevención de conflictos está cobrando más importancia que su resolución?

La complejidad de los contratos de agua hace que evitar las disputas sea tan valioso como el arbitraje. Muchos proyectos fracasan porque la confianza se erosiona entre las partes interesadas, incluso cuando los marcos jurídicos son claros.

Los equipos jurídicos progresistas están incorporando mecanismos de gobernanza colaborativa en los contratos: comités permanentes, expertos técnicos neutrales y protocolos de alerta temprana. Estos crean canales para rectificar antes de que las diferencias se agraven.

En un sector en el que los retrasos pueden costar millones y las reputaciones pueden erosionarse de la noche a la mañana, la “abogacía preventiva” es la siguiente frontera. El objetivo no es eliminar el conflicto, sino institucionalizar el diálogo.

P. ¿Qué consideraciones éticas deben reflejarse en los contratos de agua?

Más allá de la estructura y el rendimiento hay una pregunta más profunda: ¿quién se beneficia del diseño jurídico? Las empresas de suministro de agua operan bajo el escrutinio público, y nuestra legitimidad depende de la equidad: de unas tarifas que reflejen el valor prestado pero sigan siendo asequibles, de unos procesos de contratación que sean competitivos pero inclusivos, y de una distribución de riesgos que no externalice la vulnerabilidad hacia las comunidades.

Para los bufetes de abogados que trabajan en el sector, esta dimensión ética se está volviendo fundamental. La capacidad de redactar contratos que sostengan la transparencia, la equidad y la administración a largo plazo se ha convertido en una consideración estratégica. Los reguladores y los inversores están empezando a evaluar lo que construimos y cómo nuestros contratos encarnan la responsabilidad.

P. ¿Cómo se perfila el futuro de la colaboración en el sector del agua?

Lo que comparten el sector del agua y la profesión jurídica es la exposición al paso del tiempo: ambos deben pensar con décadas de antelación. Una planta de desalinización o un sistema de aguas residuales concebido hoy en día debe soportar cambios normativos, climáticos y financieros durante una generación.

Por lo tanto, necesitamos una cultura conjunta de previsión y de diálogo continuo entre ingenieros, financieros y abogados para prever cómo evolucionarán los proyectos. Para los bufetes de abogados, esto significa pasar del trabajo transaccional al asesoramiento estratégico. Para empresas como ALMAR Water Solutions, significa implicar a socios jurídicos en la planificación temprana de escenarios, así como en la resolución de disputas.

La métrica del éxito final no es la ausencia de litigios, sino la continuidad del servicio. Eso, en última instancia, es lo que une nuestras profesiones. No solo gestionamos el riesgo, sino que diseñamos resiliencia.

Un nuevo plan para una infraestructura hidráulica resiliente

A medida que los sistemas de agua se vuelven más complejos y más esenciales para la estabilidad económica y social, los marcos que los rigen deben evolucionar en paralelo. Los contratos están evolucionando hacia sistemas dinámicos que determinan cómo funciona, se adapta y perdura la infraestructura a lo largo del tiempo.

Estos avances reflejan un cambio más amplio dentro del sector hacia el riesgo compartido, la gobernanza adaptable y asociaciones más profundas y a largo plazo entre clientes y proveedores. Dado que la seguridad hídrica cobra cada vez más importancia para la actividad industrial y económica, los contratos deben armonizar cada vez más las necesidades de los usuarios con las de los operadores capaces de garantizar el suministro a lo largo de décadas.

Esta evolución ya está remodelando la forma en que se estructuran los proyectos, cómo se mide el rendimiento y cómo se entiende el valor en todo el sector. En última instancia, el éxito de la infraestructura hidráulica del futuro no se medirá únicamente por lo que se construye, sino por la eficacia con la que se estructura para resistir la incertidumbre. En un mundo marcado por el estrés hídrico, la capacidad de diseñar contratos que evolucionen, estén en consonancia con los incentivos y mantengan la confianza puede resultar tan importante como la propia infraestructura.